A raíz de una consulta del gobierno de Luis Guillermo Solís, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó a Costa Rica garantizarles a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes en la legislación, incluido el derecho al matrimonio, sin discriminación alguna frente a las parejas heterosexuales.
La orden se extiende a los 20 estados que reconocen la competencia contenciosa de la Corte. Algunos de estos, como Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y México (en algunos estados), ya garantizan este derecho.
La Corte IDH manifestó: «El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los términos establecidos en los párrafos a 200 a 218».
Sobre la posibilidad de que las personas cambien su nombre en los registros oficiales del Estado, según «la identidad de género autopercibida», los altos jueces determinaron que el Estado debe garantizar un trámite expedito para que las personas que deseen corregir “la anotación del género” lo hagan mediante un trámite de características específicas.
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Distintas organizaciones LGBT panameñas celebraron este histórico acontecimiento realizando comunicados donde exhortaron al gobierno panameño presente a seguir los pasos de Costa Rica.
La Alianza instó a Corte Suprema de Justicia y al Estado panameño, a que «sin demora» aplique el control de convencionalidad respectivo y «equiparar derechos humanos a todos/as/xs por igual».
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